Erick Prince visita Perú: La sombra de Blackwater se extiende por Latinoamérica
Sin una regulación clara, Blackwater podría operar con contratos opacos, sin rendir cuentas ante instancias judiciales peruanas.
Antes de arribar a Lima, Prince pasó dos días en Ecuador, evaluando un convenio con el gobierno de Daniel Noboa para formar a las fuerzas de seguridad. Foto: EFE-Archivo
22 de julio de 2025 Hora: 12:21
El arribo de Erik Prince, fundador de la polémica firma Blackwater (hoy Academi) y ex Navy SEAL, a Lima para ofrecer “entrenamiento” a fuerzas policiales, militares y agrupaciones civiles revela la continuidad de una estrategia de intervención que el imperialismo estadounidense viene desplegando con el uso de contratistas privados desde Irak hasta Haití.
Invitado por el economista Hernando de Soto, Prince ha presentado su llegada como la simple exportación de “soluciones que han funcionado en otros lugares”. Pero sus “casos de éxito”, Somalia, Golfo de Adén, Puerto Príncipe, esconden violaciones sistemáticas de derechos humanos y deslegitimación del control civil sobre el monopolio estatal de la fuerza.
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En su entrevista con un medio local, Prince reconoció que no existe “fórmula mágica”, y sin embargo prometió “capacitar” a un Perú golpeado por la pobreza y la exclusión, la minería ilegal y el narcotráfico.
Junto a De Soto, se reunió con mineros informales para escuchar sus demandas de titulación y seguridad jurídica, pero su discurso no pasa de proponer recetas de fuerza que —en el pasado— terminaron por militarizar conflictos sociales, sin atender las raíces de la exclusión y la ausencia del Estado de Derecho.
El proyecto de Academi en Perú se enmarca en un embate regional: antes de pisar Lima, Prince visitó Quito para diseñar un convenio de lucha antinarcóticos y contra la pesca ilegal, e incluso se barajó la instalación de una base militar estadounidense en Ecuador.
Es la misma lógica que llevó a Washington a tolerar las masacres de civiles en Bagdad (2007) y a sostener golpes blanqueados bajo la apariencia de “misiones de paz”. Ahora, pretende instalar en el corazón de los Andes un ejército de compañías privadas que operen al margen de la transparencia y el control parlamentario.
Organismos de derechos humanos y académicos peruanos han advertido que la contratación de Academi erosiona la soberanía nacional y desdibuja el principio de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Sin un marco legal claro, estos mercenarios podrían actuar con contratos opacos, sin rendir cuentas ante jueces locales, reproduciendo el patrón de impunidad de Blackwater en Irak.
La militarización de zonas rurales, ahí donde se concentran miles de mineros informales sin título, corre el riesgo de convertirse en un asedio represivo, con prácticas de escudos humanos, allanamientos nocturnos y uso de letalidad extrema. En lugar de fortalecer el tejido social y asegurar la formalización productiva, se ofrece un “apoyo” que en la práctica desmantela las instituciones democráticas y abre espacios para la acumulación de poder por parte de actores privados.
Perú, que enfrenta una crisis de gobernabilidad agravada por la falta de inversión en infraestructura social y la pobreza rural, no necesita ejércitos de empresas de seguridad extranjera. Lo que urge es una política de desarrollo rural integral, la simplificación de trámites para la titulación de tierras, y un refuerzo de la Policía Nacional y la Fiscalía mediante cooperación técnica transparente y bajo normas claras de derechos humanos.
Erik Prince asegura que no sustituirá al Estado, sino que “lo apoyará con herramientas e inteligencia”. Pero la experiencia muestra que adonde llegan los mercenarios, se desplaza la responsabilidad política y legal: el Estado delega su obligación de proteger a los ciudadanos, mientras las compañías privadas aseguran contratos remunerados con fondos públicos y respaldos diplomáticos.
El Gobierno de Dina Boluarte y sus mandos policiales tienen ante sí una encrucijada: profundizar la dependencia de tácticas de guerra o buscar alianzas multilaterales que fortalezcan a las instituciones, garanticen la rendición de cuentas y afronten de raíz los desafíos de la minería ilegal, el narcotráfico y la exclusión social.
Autor: teleSUR-CC
Fuente: Agencias